Cómo lo dicen percepciones polarizadas sin un análisis de indicadores económicos y sociales, el presidente Petro no ha “destruido el país”.

Colombia mantiene la continuidad de sus instituciones democráticas. A pesar de tensiones políticas propias de cualquier gobierno, no se ha producido una ruptura del orden constitucional, el Congreso sigue legislando, las cortes mantienen su independencia y los organismos de control continúan operando. Esto indica que el sistema de pesos y contrapesos sigue funcionando, lo cual es clave para evitar un deterioro estructural del Estado.

En el ámbito económico, aunque ha habido incertidumbre en ciertos sectores, como pensiones, la economía no ha colapsado. Colombia sigue mostrando crecimiento moderado, control relativo de la y acceso a mercados internacionales. La inversión extranjera ha tenido altibajos, pero no ha desaparecido, y el país conserva su calificación crediticia dentro de rangos manejables. Esto sugiere que, si bien existen debates sobre el rumbo económico, no hay evidencia de una destrucción del aparato productivo.

A pesar de la campaña de desprestigio por parte de la horda, resulta prioritario que la inversión privada asuma el liderazgo para dinamizar el crecimiento económico y reducir la pobreza.En materia social, el gobierno ha impulsado reformas orientadas a reducir desigualdades, como cambios en salud, trabajo y programas sociales. Aunque estas reformas generan controversia y no siempre avanzan como se planea, reflejan un intento de transformación dentro de los canales institucionales.