Por: Douglas Velásquez Jacome
La corrupción en Colombia se manifiesta en forma de sobornos, tráfico de influencias, manipulación de procesos judiciales, desviación de recursos públicos y clientelismo político. Los corruptos pululan como cucarachas con trajes de dulces mariposas. En muchos casos, estas prácticas prosperan debido a la opacidad de los procesos administrativos y judiciales, la lentitud institucional y la falta de trazabilidad en las decisiones públicas.
En la digitalización de los sistemas de contratación y compras públicas abiertas a la opinión pública está parte de la solución cuando cada actuación quede registrada digitalmente y puede ser auditada ex ante, reduciendo significativamente la posibilidad de manipulación o alteración de la información.
Otro de los ámbitos más sensibles está en los procedimientos de justicia, demostrado con el Cartel de la Toga. Las demoras procesales, la discrecionalidad en decisiones y la dificultad para acceder a información oportuna sobre los procesos facilitan conductas delincuenciales. En este contexto, la tecnología de la digitalización en la justicia puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la transparencia y la pronta justicia.
Frente a estas problemáticas, una propuesta seria y realizable, al estilo de Iván Cepeda, de una transformación digital de los sistemas de contratación y compras públicas, que incluya una reforma de la justicia digital, surge como alternativa prometedora para enfrentar algunas de las causas y manifestaciones de la corrupción.
La consolidación de una justicia digital implica la transformación integral del sistema judicial mediante el uso de tecnologías de información. No se trata únicamente de digitalizar documentos, sino de rediseñar los procesos judiciales respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, para que sean más ágiles, transparentes y accesibles.
En una justicia digital los expedientes se gestionan electrónicamente, las actuaciones quedan registradas de forma automática y los ciudadanos pueden acceder a información sobre sus procesos de manera remota. Esta transformación contribuye a fortalecer la confianza pública y a reducir espacios de corrupción. Desde la pandemia en Colombia hemos dado los pasos iniciales, pero falta aún ajustar.
La inteligencia artificial (IA) comienza a desempeñar un papel importante en los sistemas judiciales modernos. Estas tecnologías pueden analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones en decisiones judiciales y apoyar la gestión de los tribunales. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden ayudar al reparto automático de casos, su seguimiento, clasificar expedientes, priorizar casos urgentes o identificar inconsistencias en documentos. También pueden facilitar el análisis de jurisprudencia, permitiendo a jueces y abogados acceder rápidamente a precedentes relevantes utilizable en su caso. El juez se convierte en un gestor de la justicia, garantista de los principios fundamentales de eficiencia, transparencia y equidad. La eficiencia se reflejará en la reducción de tiempos procesales y en la mejora de la gestión judicial. La transparencia se fortalece mediante la trazabilidad digital de las actuaciones y la posibilidad de auditorías externas a su gestión, y la equidad implicará garantizar que el acceso a la justicia digital no excluya a sectores vulnerables de la población.
Uno de los desafíos más importantes de la justicia digital es la protección de la información. Los sistemas judiciales manejan datos altamente sensibles, incluyendo información personal, financiera y penal. Por ello, es indispensable implementar mecanismos robustos de seguridad informática, cifrado de datos y control de acceso.
El autor es experto en regulación de la IA